La Ley de Bienestar Animal estableció que los gatos que viven en la calle son responsabilidad de los Ayuntamientos. 3 años después, una encuesta refleja que el 95,5% de las personas cuidadoras de las colonias felinas ha asumido gastos o trabajo que corresponderían a la Administración y el 67% ha pensado en abandonar por agotamiento. Las colonias felinas no pueden seguir dependiendo del bolsillo, del tiempo y del agotamiento de personas voluntarias.
Las concentraciones que se celebran en todo el estado piden que existan recursos y programas integrales y que el voluntariado pueda colaborar, pero sin tener que sustituir a la Administración.
El Colectivo de Gestoras de Colonias Felinas, apoyadas por entidades de protección animal y personas comprometidas con el cumplimiento de la Ley 7/2023 y la protección de los gatos comunitarios, han convocado concentraciones en 38 lugares diferentes del estado español. En Euskadi, la concentración será el domingo 6 de septiembre, a las 12 del mediodía ante el Ayuntamiento de Bilbao.
Leioa contra el Maltrato Animal apoya esta movilización y las reivindicaciones contenidas en el resumen del manifiesto de convocatoria:
MANIFIESTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
En defensa de las colonias felinas y del Estado de Derecho
«Una democracia no se mide únicamente por las leyes que aprueba, sino por las leyes que es capaz de cumplir.»
En 2023 se aprobó una ley pionera: la Ley 7/2023 que obliga a los ayuntamientos y comunidades autónomas a gestionar las colonias felinas mediante censo, esterilización (método CER), atención veterinaria y programas municipales estables. No fue un capricho. Fue el reconocimiento legal de algo que asociaciones, gestoras y voluntarios llevaban décadas demostrando sobre el terreno: que la captura y el sacrificio no funcionan, y que el CER sí.
Tres años después, esa ley sigue sin cumplirse en buena parte del país. Hay municipios sin programa, sin censo, sin presupuesto. Colonias que siguen sosteniéndose, casi en solitario, gracias a personas voluntarias que llevan años pagando de su bolsillo lo que la ley dice que corresponde a la Administración.
No pedimos una ley nueva. Pedimos que se cumpla la que ya existe.
Esto no es sólo un asunto de gatos. Es un asunto de Estado de Derecho: una ley aprobada por las Cortes no puede depender de la voluntad política de cada ayuntamiento. Cuando una administración incumple lo que la ley le exige, no sólo desprotege a los animales, también debilita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Pedimos:
- Que todos los ayuntamientos implanten programas reales de gestión de colonias felinas: censo, CER, atención veterinaria y protocolos claros.
- Que las comunidades autónomas cumplan su labor de supervisión y coordinación.
- Que el Gobierno impulse la cooperación entre administraciones y evalúe el cumplimiento de la ley.
- Que se reconozca institucionalmente el trabajo de miles de personas voluntarias, en su mayoría mujeres, que han sostenido esta labor durante años.
- Mecanismos de transparencia y seguimiento que permitan saber, municipio a municipio, qué se está cumpliendo y qué no.
Las colonias felinas, el bienestar animal y el respeto a la ley no son causas distintas. Son la misma causa: la de una Administración que cumple lo que promete.
Puedes leer el manifiesto completo, con todo el desarrollo jurídico y científico, aquí abajo.
+ Info:
Leioa contra el Maltrato Animal 